En algunas ocasiones, es posible que los ciudadanos no terminemos conformes con la resolución que un órgano administrativo emita sobre algún procedimiento, y tengamos la intención de impugnar este resultado frente a otro órgano jerárquicamente superior. Para ello se utiliza el recurso de alzada, la última manera de reclamar antes de entrar en un proceso judicial con las Administraciones Públicas.

Índice de contenidos

1. Qué es el recurso de alzada y sus requisitos

El recurso de alzada real es un recurso administrativo que ofrece la última oportunidad para recurrir una resolución frente a un órgano administrativo, antes de empezar un proceso judicial. Este recurso solo se puede poner en marcha cuando, en la resolución, todavía no se haya agotado la vía administrativa, siendo uno de los cuatro procesos que pone fin a la misma (junto a los acuerdos que finalizan el periodo, las resoluciones de procedimientos patrimoniales, multas y sanciones, y a las resoluciones de órganos administrativos).

Básicamente, su función es dar la oportunidad al ciudadano de recurrir una resolución de un proceso administrativo dictaminado por un órgano, para que otro, jerárquicamente superior al anterior, lo revise y enmiende conforme a derecho la resolución del órgano dependiente.

Se podrán recurrir aquellas resoluciones y actos administrativos que provoquen perjuicio irreparable o indefensión a los derechos e intereses legítimos, siempre y cuando no pongan fin a la vía administrativa y se puedan fundamentar en los motivos de anulabilidad o nulidad.

En conclusión, existen dos requisitos imprescindibles para interponer un recurso de alzada:

Que la reclamación se realice en el plazo establecido por las administraciones.
Que sea interpuesto frente a resoluciones y actos que no pongan fin a la vía administrativa.

2. Plazos de presentación de los recursos de alzada

En cuanto a los plazos de presentación para este tipo de recurso administrativo, es muy importante saber que estos dependen de un factor muy importante: si el acto es o no es expreso. En caso afirmativo, el ciudadano tiene un plazo de un mes para interponer el recurso de alzada. En caso de que no sea expreso, este podrá interponerlo a partir del día siguiente al que comenzó el silencio administrativo, teniendo el órgano administrativo un plazo de tres meses para contestar al solicitante.

Recordemos que, después de interponer este recurso, no puede presentarse ningún otro recurso administrativo. Sin embargo, existen determinados casos en los que se podría presentar un recurso extraordinario de revisión, según la Ley 39/2015:

Aparición de documentos que aporten un valor suficiente a la resolución como para evidenciar el error de la misma.
Que la resolución se haya dictado por un acto de violencia, prevaricación, cohecho u otra conducta punible, habiéndose declarado en una sentencia judicial firme.
Que el órgano administrativo haya incurrido en un error de hecho al dictar el recurso, siendo este un resultado de los propios documentos del expediente.
Que algún o algunos testimonios falsos hayan sido de importante influencia a la hora de dictaminar el resultado de la resolución.

3. ¿Qué datos se deben incluir en un recurso de alzada?

A la hora de cumplimentar la estructura del recurso de alzada, el órgano competente solo aceptará aquellos que contengan los siguientes datos obligatorios:

Nombre y apellidos del solicitante.
Nombre del acto recurrido.
Razones por las que se interpone el recurso de alzada.
Órgano administrativo al que se dirige el solicitante del recurso.
Domicilio de notificaciones del solicitante, fecha y firma.

4. Dónde interponer el recurso de alzada

El solicitante tendrá que interponer el recurso de alzada frente al órgano que dictó el acto impugnado, o bien frente a aquel que sea competente para resolverlo. A la hora de presentarlo, lo puede realizar por correo administrativo, en cualquier registro de la Administración General del Estado, de las Entidades locales firmantes del Convenio de Ventanilla Única o de las comunidades autónomas.

A la hora de interponer y tramitar este recurso, no es obligatoria la participación de un abogado y procurador. Sin embargo, sí que es conveniente y recomendable que un profesional en la materia asesore al solicitante, ya que este tipo de recursos contiene una serie de formalidades y requerimientos que pueden llegar a ser bastante confusos para una persona corriente. Aunque existan motivos para anular o variar el acto modificado, si no adjuntamos la documentación necesaria o fallamos en los plazos, no obtendremos el resultado deseado en el recurso de alzada.

5. Recurso de alzada y reposición: diferencias

Visto cómo hacer el recurso de alzada y por sus características y naturaleza, podemos pensar que ambos recursos son muy similares, sobre todo porque ambos son administrativos (no judiciales), y se interponen contra un acto administrativo. Además, los plazos de presentación son los mismos en ambos recursos, existiendo solo dos diferencias principales que nos permiten distinguirlos:

El recurso de alzada se puede interponer frente a los actos que no pongan fin a la vía administrativa, mientras que la reposición se interpone contra aquellos que sí ponen fin a esta vía.
El recurso de alzada se interpone frente al órgano que dictó el acto, pero este será resuelto por el órgano jerárquico superior, mientras que el recurso de reposición será resuelto por el mismo órgano que dictó el acto en cuestión.

Hemos visto qué es el recurso de alzada, la última vía administrativa de la que disponen los ciudadanos españoles para reclamar una resolución con la que no estén de acuerdo. Es recomendable el asesoramiento de un profesional en la materia, con el objetivo de cumplimentar de manera adecuada todo lo necesario para poder interponer este recurso sin problemas. Para llevar una gestión adecuada del negocio, te recomendamos probar el software de gestión STEL Order.